Del Estado docente a la educación de mercado

Marjorie Cuello, Directora Fundación Crea

 

1. Introducción

Para poder tratar el tema de la relación Estado-Mercado-Educación, debemos necesariamente referirnos a lo que existía antes del Estado Neoliberal. Nuestra generación, nacida en la década del 80’, creció y se formó en un Estado distinto al de nuestros padres y, aun así, para ambas generaciones la situación de los derechos sociales está naturalizada.

 

Si bien distintos autores hacen referencia a la existencia de un Estado Docente desde variadas temporalidades, para efectos pedagógicos consideraremos el periodo comprendido entre 1938 durante el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, enmarcado en la alianza del Frente Popular, hasta 1981 donde los principales procesos de mercantilización de la Educación irrumpen en nuestro país.

 

Para inicios de la Década del 40 en Chile se habían implementado diversos planes de expansión de la Educación Pública, asumiendo como principio la responsabilidad del Estado en el aumento de la cobertura.  Es decir, las políticas públicas estaban apuntadas a que las tareas del Estado Docente se avocaran a la construcción de Escuelas, donde destaca durante esta década el Plan San Carlos (Zemelman & Jara , 2006) el cual apuntaba a la expansión en un sector rural en particular de la educación primaria, siendo esta última la preferencia de las políticas estatales durante gran parte del siglo XX.

 

Una de las reformas que logra apuntalar los principios políticos, administrativos y culturales del Estado Docente es la reforma de 1965 la cual, independiente de los objetivos político-ideológicos de la Democracia Cristiana en torno a ella, permite sentar las bases para lo que luego sería el proyecto de la Escuela Nacional Unificada o a las políticas del Gobierno de Salvador Allende en materia Educativa. Con todo, la reforma del Gobierno de Frei Montalva, obedece a la solución de las necesidades materiales de la población (Morales, 2015), pero también a la necesidad política de un Gobierno, enfrentado a un contexto mundial complejo con una América Latina que mira con esperanza la experiencia de la Revolución Cubana para la superación de las necesidades sociales.

 

La derrota sufrida en 1973 implica el colapso de años de construcción de un Estado Garante de derechos sociales que de haberse proyectado en el tiempo, habría solucionado gran parte de las carencias relativas a la cuestión social, destruyendo el Estado Docente instalando el mercado en la Educación.  

 

 

-se dan dos importantes golpes a la Educación Pública, por un lado, la privatización de establecimientos como el INACAP, acompañado de la extensión de la lógica de créditos y becas a la Educación Superior(...) Por otro lado, la lógica de descentralización, obedece a la necesidad de “desburocratizar” la Educación primaria-

 

 

2. El Ladrillo: El punto de inflexión

A partir de 1981, se comienzan a aplicar la mayor parte de las políticas neoliberales, mercantilizando los derechos sociales. En el caso del sistema educativo, se generan dos procesos de manera paralela: 1) la descentralización y 2) la privatización. Ambos procesos afectan a cada uno de los niveles del sistema. El fundamento principal para estas medidas queda estipulado en el libro El Ladrillo, que en síntesis fueron elementos programáticos presentados para la candidatura de Alessandri, reeditado para la Dictadura militar por parte de una generación de intelectuales de derecha, conocidos como los Chicago Boys. Esta síntesis de ejes para políticas gubernamentales sienta las bases de la política económica neoliberal sin ser, necesariamente, un manual de economía. Básicamente esto se logra permeando, junto con otras herramientas, el sentido común de ideas neoliberales como el desarrollo individual, la meritocracia y el “estorbo” que significada la intervención del Estado en ambas.

 

A su vez, se genera una lectura “mixta” respecto de las responsabilidades del Estado, volviendo a una lógica decimonónica donde la gratuidad de la educación solo corresponde a la educación primaria y no a la educación superior, afirmando que “la política educacional debe garantizar niveles mínimos de educación en forma gratuita, pues a través de ellos se alcanza la formación básica ciudadana que permite la participación seria y responsable, en la vida social y política de un país” (Centro de Estudios Publicos, 1992, págs. 145-146), en esta lógica, la proyección profesional o la formación universitaria correspondía al mérito de cada estudiante, financiando el Estado a “los mejores” a través de un sistema de becas y créditos. Los que estaban fuera de mérito debían cargar con el financiamiento de sus estudios superiores o conformarse con el nivel técnico, (impartido en la educación pública o privada, siendo esta diferencia irrelevante) o apuntar a la obtención de un grado técnico-profesional en alguna de las instituciones privadas que se iban a fundar por esos años y que se grafica con la privatización del INACAP en el año 1981. Por tanto,  deja de ser prioridad de los Gobiernos que el Estado fuera dueño de Universidades o Instituciones de Educación Secundaria o universitaria.

 

En esta estrategia se dan dos importantes golpes a la Educación Pública, por un lado, la privatización de establecimientos como el INACAP, acompañado de la extensión de la lógica de créditos y becas a la Educación Superior, haciendo énfasis en el financiamiento particular de la educación. Por otro lado, la lógica de descentralización, obedece a la necesidad de “desburocratizar” la Educación primaria, aduciendo a que su centralización en el Ministerio de Educación no tenía sentido, sobre todo en un nuevo sistema donde el Estado, a través del MINEDUC, solo establecería las reglas generales, requisitos curriculares mínimos y de promoción, y entregaría los recursos necesarios para la administración de las Escuelas a los Municipios (Centro de Estudios Publicos, 1992). En el caso de la Educación Superior el principal golpe es la descentralización de la Universidad de Chile que en ese entonces contaba con diversas sedes a lo largo del país que le daban a la educación un sentido de carácter nacional. Luego de la aplicación de esta política se crean 16 universidades pertenecientes al Estado, la mayoría de ellas correspondientes a las sedes regionales de la Universidad de Chile, muchas veces divididas en dos o tres partes o instituciones distintas.

 

Con todo, la aplicación de los principios neoliberales, es lo que condiciona el carácter del Estado, no solo en materia educativa, sino en lo que se refiere a todos los derechos sociales. En el caso del modelo educativo, estamos frente a un proceso que se instala a sangre y fuego, por un lado, reprimiendo toda posibilidad de negativa por parte de la ciudadanía y por otro lado, un proceso que se instala culturalmente en el sentido común nacional, naturalizando con los años cada uno de estos principios.

 

 

-debemos trabajar por la construcción de una fuerza que ponga sobre la mesa ideas de un país distinto, con sustento programático que hagan contrapeso a más de 40 años de trabajo hegemónico de la clase dominante sobre la ciudadanía-

 

 

3. Estado Neoliberal y la Educación como nicho de mercado.

El Estado Neoliberal interviene en nuestros tiempos para ordenar la acumulación de capital y restituir el papel de la elite relativo al control social que ejerce de manera coercitiva pero también en términos de hegemonía cultural. La Educación y los servicios básicos son transformados en nichos de mercado creados y resguardados por el Estado (Harvey, 2007) y la acción de este mismo está limitada y condicionada por años de intervención del mercado y los intereses privados en cada uno de ellos.

La educación, en un Estado Neoliberal logra instalar la lógica de la meritocracia y el esfuerzo individual, asume como necesidad la formación de capital humano avanzado sometido a las vicisitudes del mercado y su ordenamiento, además de introducir la ilusión de movilidad social, en la medida en que se pueda acceder a la Educación Superior. En esta lógica la responsabilidad de otorgar educación de “calidad” recae en quien pueda impartirla, independiente de si esa educación es impartida por el Estado o por una empresa, lo cual justifica la transferencia de recursos públicos a proyectos educativos particulares, desatendiendo las necesidades nacionales en torno a la formación de profesionales y técnicos en función de un proyecto país.

 

4. Un nuevo punto de inflexión: Una necesidad histórica en nuestra actualidad

Si bien la irrupción, que hemos vivido estos últimos años, de las masas movilizadas  como actor político marcan un punto de inflexión, en cuanto logran resquebrajar el consenso neoliberal, cuestionando y desnaturalizando las ideas fundantes del modelo como lo son el endeudamiento y el lucro, tenemos la necesidad de generar alternativa política[1] capaz de aglutinar a diversos sectores, en nuestro caso de la izquierda, que pueda dar respuesta al malestar general que existe hoy en la sociedad.

 

Si la aparición y aplicación del Ladrillo, junto con la capacidad coercitiva de la Dictadura, fueron capaces de instalar ideas y políticas neoliberales en nuestro país, debemos trabajar por la construcción de una fuerza que ponga sobre la mesa ideas de un país distinto, con sustento programático que hagan contrapeso a más de 40 años de trabajo hegemónico de la clase dominante sobre la ciudadanía, y que sean capaces de canalizar la movilización social y organización popular que es donde radica nuestras posibilidades de cambios.

 

Nuestro punto de inflexión entre este tránsito de un Estado Docente al mercado en la Educación,  debe venir de la mano de un profundo proceso popular, con propuestas concretas, liderazgos serios y construcción de base social acorde a los tiempos en que vivimos, que permita al malestar ciudadano encontrar expresiones colectivas y permanentes, y no meramente individuales y esporádicas. 

 

 

[1] Entenderemos como alternativa política un proyecto político más allá de la noción de herramienta electoral o partido formalmente constituido. Si no como un esfuerzo de acumulación de fuerzas con propuesta real desde un sector político determinado.

 

Bibliografía

Centro de Estudios Publicos. (1992). El Ladrillo. Bases para la política económica del Gobierno Militar Chileno. Santiago, Chile: CEP.

Harvey, D. (2007). Breve Historia del Neoliberalismo. Barcelona, España: Akal.

Morales, O. (04 de 03 de 2015). La reforma educacional de 1965. Estudio de sus fundamentos desde la perespectiva de la política educacional. Obtenido de Universidad de Talca: http://dspace.utalca.cl/retrieve/16814/morales_mejias.pdf

Zemelman, M., & Jara , I. (2006). Seis episodios de la Educación Chilena, 1920-1965. Santiago, Chile: Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

 
VOLVER AL INICIO