Estado, propiedad y democracia en la educación chilena actual

Mauricio Rifo, Fuerza Universitaria Rebelde y Miembro Comunidad Militante Concepción

 

En 1987, Eugenio Tironi escribía: “Alcanzar un consenso sobre el papel que le corresponde desempeñar al Estado en la economía es crucial para el progreso, la libertad y la paz social en Chile”. Esta afirmación pareció perderse en los escritos de la década posterior donde se levantó un diagnóstico del neoliberalismo como abstracción teórica. En general, una generación de pensadores críticos comprendió la transformación neoliberal, a nivel Estatal, como la reducción o minimización del papel del Estado en las sociedad contemporáneas. De la mano de estas lecturas crecen los estudios sobre globalización y localidad en un contexto de pérdida de rol del estado-nación o de la hegemonía absoluta de un mercado auto regulado ante un Estado débil, precario e impotente. Parecía claro que era el fin del Estado, subsumido en unidades supra-estatales o ahogado por un mercado más eficiente. La verdad es que nada de esto es cierto.

 

Entonces, ¿Qué ocurrió con el Estado?

 

El desanclaje político y práctico del proceso de producción de conocimiento crítico, determinó que este se organizará a través de “errores” de diagnósticos o “intentos forzados de novedad conceptual”. Poco se abarcó respecto a los reales motivos y marcos analíticos que motivaron la transformación neoliberal nacional. Como suele suceder, se impusieron tesis de orden coyuntural, por ende no permanentes, que dieron orientación a las fuerzas de cambio y de resistencia. En este sentido, efectivamente el Estado fue transformado pero no para desaparecer.

 

A diferencia de aquellos/as que han planteado que el Estado chileno fue reducido para abrir paso a un mercado auto regulado, se debe plantear que es más bien su operación inversa. Lo que realmente ocurrió es que se amplió el Estado, con sustento de base en la violencia, para  formar nuevos mercados alimentados por el mismo Estado.

 

Esta operación, que es preciso ejemplificar en todas las áreas de servicio y extracción nacional, es perfectamente apreciable en el sistema educativo chileno. Hoy, es el Estado quien promueve y financia negocios privados en colegios y Universidades.

 

En términos sencillos, el Estado es utilizado como una “correa transmisora” de fuentes de financiamiento para negocios privados. En el sistema escolar, esta situación se genera en la proliferación de instituciones educacionales normales y especiales sujetas a subvención Estatal. A su vez, las formas de capacitación docente o de gestión, mejoramiento escolar o instrucción extraescolar son llevadas a cabo por fundaciones o corporaciones privadas que también son financiadas con recursos estatales. En definitiva, para el caso escolar, es el estado el que ha promovido la expansión de la cobertura educacional a niveles históricos, ya que la gran mayoría de estos colegios, salvo aquellos de orden religioso o directamente empresarial, no pueden sostenerse sin el aporte Estatal, transformándose en una suerte de “rentismo educativo”.

 

 

-El Estado, puede crear los diversos mecanismos institucionales para dotar de financiamiento a las entidades privadas de educación sin necesariamente poner en duda un sistema de mercado educativo-

 

 

Este mismo fenómeno se aprecia en el sistema de educación superior (universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales) con un nivel de especificidad mayor y también de mayores ingresos para los privados involucrados. Al igual que en los colegios, el aporte Estatal a las instituciones se hace vía subvención por estudiante, a través de sistemas de selección de conocimientos o requisitos socioeconómicos sujetos a créditos bancarios. En paralelo, la función investigadora de las universidades es sostenida por recursos estatales y preferentemente por convenios empresariales realizados por investigadores individuales o cuerpos académicos universitarios institucionales. Esta situación, lleva a las universidades privadas a crecer amparadas por los flujos de financiamiento estatal-empresarial y a su vez a las universidades estatales a adoptar la misma forma de funcionamiento. El sistema se privatiza en su totalidad.

 

Todo este contexto, nos lleva a una extraña paradoja en relación a lo que tradicionalmente se ha entendido como una forma de combatir el mercado. La tradicional relación entre Estado y mercado se comprendía como una dicotomía que establecía una cadena desigual de influencias, o sea mientras más Estado menos mercado y viceversa. En la actualidad esta cuestión no opera de esta forma.

 

Hoy, es posible realizar un sistema de financiamiento estatal universal o semi-universal bajo prestación privada de servicios. El Estado, puede crear los diversos mecanismos institucionales para dotar de financiamiento a las entidades privadas de educación sin necesariamente poner en duda un sistema de mercado educativo. Esto ocurre por lo antes dicho, es el Estado actual el que sustenta las formas de educación privada en chile.

 

Entonces, ¿Ante que se enfrentan las fuerzas anti-capitalistas, democráticas, progresistas o reformadoras? Ante un escenario en donde más Estado no es, necesariamente, menos mercado.

 

En esta dirección, es preciso alertar sobre la transformación del tradicional escenario político antes de 1973 y sobre todo respecto a teorías de orden crítico que son prácticamente inútiles al momento de entender la realidad. Sin embargo, la situación no es sencilla pero si llena de posibilidades.

 

La actual relación Estado y educación es posible de ser subvertida desde un proceso dual de conflicto y transformación. La centralidad de este conflicto debe estar situada en la disputa o ampliación del concepto restringido de propiedad actualmente concebido por nuestra constitución.  En este sentido, las tentaciones por reconstruir un nuevo Estado docente o un Estado Empresario, como se les denominó, deben ser resistidas desde las posibilidades actuales.

 

Las condiciones de posibilidad actuales se concentran en el mecanismo de transmisión financiera que sustenta el orden actual de acumulación exclusiva por propiedad privada. Estas condiciones son posibles de ser ampliadas a través de la promoción del uso de propiedad común o los denominados bienes comunes. La “correa transmisora” de recursos impositivos y productivos recaudados por el Estado pueden ser el sustento de una propiedad común que dispute los actuales regímenes de propiedad privada exclusiva.  

 

 

-es posible ir construyendo nuevos derechos universales, ya no sobre el peso de la protección estatal directa, como lo fue en el periodo nacional-desarrollista, sino en el ideario de una comunidad educativa de propietarios. Para tales efectos, la relación dicotómica del Estado versus el mercado se debe trasladar a una dicotomía Democracia versus mercado-

 

 

Así, dentro del sistema educativo subvencionado por recursos estatales y propiamente estatales, es posible ir construyendo nuevos derechos universales, ya no sobre el peso de la protección estatal directa, como lo fue en el periodo nacional-desarrollista, sino en el ideario de una comunidad educativa de propietarios. Para tales efectos, la relación dicotómica del Estado versus el mercado se debe trasladar a una dicotomía Democracia versus mercado (o más dictadura del capital).

 

En este sentido, la democracia cobra una base material y por ende se ve obligada a disputar el carácter de clase del Estado. Sin embargo, las formas de disputa de la dirección Estatal es una cuestión de orden político contingente y estratégico que escapa a esta columna.

 

El avance de un nuevo gobierno democrático en las instituciones educacionales debe tener en vista el fortalecimiento de instancias políticas que permitan someter los intereses empresariales al control público del conocimiento socialmente producido, a través de nuevas instancias de participación que superen la clásica “estamentalización” del gobierno escolar y universitario. Así, el voto universal para la elección de representantes internos, la eliminación de las condiciones laborales precarias, la promoción permanente de auditorías e instancias colegiadas reguladas por el conjunto de la comunidad educativa, la eliminación de la carga arancelaria desde el financiamiento institucional directo, la prohibición de propiedades educativas con consorcios (o corporaciones) económicos nacional e internacionales, se transforman en ejemplos claros de democracia real, directa o representativa que construyan la base de los nuevos derechos universales.  

 

Avanzar en el sentido propuesto parece indispensable, de lo contrario el interés particular de incrementar el valor de la empresa privada por sobre la valorización de la vida colectiva irá en aumento, con consecuencias absolutamente indeseables. Un ejemplo de esto, son los numerosos estudios desarrollados por Universidades sobre temáticas de suelo, aguas, riquezas naturales, proyecciones extractivas de minerales, etc., realizados para la satisfacción de los intereses de las grandes empresas mineras del norte del país, -estudios que incluso se encuentran fuera del alcance del Estado- y que se encuentran en abierta contradicción con los intereses de las comunidades, que hoy están en conflicto con estos proyectos depredadores. Por lo tanto, una nueva democracia de propiedad común se construye desde el control político-público interno (propiedad) y a través de un conjunto de instancias y acciones, que sometan a este control económico actual y que re-defina el sentido público de la educación, hoy en manos de los intereses empresariales.

 
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