Crisis de legitimidad del Estado Neoliberal: Oportunidad para el nacimiento de un movimiento político alternativo

Jorge Sharp, Director "Crisol. Ideas para la acción", y Nicolás Romero, Director Fundación Decide

 

Todo intento de constitución de una fuerza política de carácter transformador, supone un adecuado manejo de los tiempos largos y los tiempos cortos de la lucha política. Los primeros dicen relación con la maduración de una voluntad colectiva que se haga cargo de la definición de una estrategia y táctica para la superación del actual orden social; los segundos, se orientan a aprovechar y construir las oportunidades para ingresar a la lucha política, cuestión que generalmente se produce en momentos de crisis de las alianzas gobernantes. Es cuando los de arriba no pueden resolver estas situaciones, donde se abre el abanico de oportunidades para los proyectos populares de transformación.

 

Llevando lo anterior a la situación nacional, los casos de financiamiento empresarial a las campañas electorales, son un hecho político sumamente relevante en la medida que han acelerado el extendido ciclo de deslegitimación de las fuerzas políticas tradicionales y del gran empresariado. Esta circunstancia, sumada a la incapacidad de sacar adelante las reformas que prometían dar paso a un nuevo ciclo en nuestro país, ha dado lugar un escenario político dominado por la despolitización del debate público, la deslegitimación acelerada de las opciones tradicionales y un profundo vacío de conducción, cuestión que constituye una oportunidad para la emergencia de una fuerza política con capacidad de representar una alternativa democrática de los intereses sociales actualmente excluidos de la acción pública.

 

Si bien desde el poder se ha intentado encubrir la profundidad de la situación aduciendo el carácter aislado e individual de los casos de corrupción, lo cierto es que el financiamiento de las campañas electorales es una dimensión de un entramado político, económico, valórico, social y cultural del cual participan y forman parte empresarios y políticos, esa élite o casta que a través de un proyecto neoliberal único en el mundo, ha ejercido la conducción de la sociedad en las últimas décadas.

 

A la luz pública, con toda nitidez, han aparecido los grandes grupos empresariales que controlan y administran las diversas formas de acción estatal en beneficio de sus intereses. Los grandes grupos económicos vinculados al extractivismo, a la explotación de  commodities y al sector financiero, ejercen una enorme influencia sobre la institucionalidad a nivel central, regional y local, cuestión que se condice con la existencia de una forma estatal que desde sus orígenes se pensó para atraer la inversión extranjera y ser funcional a los dictados del capital. Empresas mineras, forestales, la banca privada y las inmobiliarias, son verdaderos poderes fácticos a nivel regional, que ejercen de manera directa a través de sus órganos gremiales o mediante el financiamiento a grupos políticos, una tutela sobre el gobierno central y los gobiernos regionales.

 

 

-Empresas mineras, forestales, la banca privada y las inmobiliarias, son verdaderos poderes fácticos a nivel regional, que ejercen de manera directa a través de sus órganos gremiales o mediante el financiamiento a grupos políticos, una tutela sobre el gobierno central y los gobiernos regionales-

 

 

El neoliberalismo chileno, se caracteriza por la consolidación de una política procedimental, vaciada de intereses sociales, salvo el de los grandes conglomerados económicos. En este, el  Estado se vuelca a asegurar el crecimiento y desarrollo del capital y no se orienta a la articulación de hegemonía a partir de la configuración de un pacto social que integre a sectores subalternos. A pesar de lo anterior, la autonomía relativa de la política se constituye a partir del poder de las fuerzas políticas dominantes que integran el pacto dominante, de construir legitimidad hacia la ciudadanía (centralmente mediante una integración económica), para así negociar con los empresarios y grupos fácticos sus términos de integración al pacto dominante. Es una autonomía relativa, dado que, en la medida que existe, es funcional a la reproducción del pacto dominante, pero sin la existencia del poder que emana de su capacidad electoral y adhesión ciudadana, no  se podría disputar el rol de intelectuales orgánicos del poder.

 

Es importante señalar, que durante la transición se profundizó radicalmente la privatización de la acción estatal, que se expresa nítidamente en la integración de la elite concertacionista a los círculos sociales del gran empresariado. Fenómenos como el tránsito público privado de cargos estatales a directorios de empresas, son una expresión de lo anterior. Este hecho a la larga, dificulta la capacidad de reproducción del proyecto dominante, en la medida que mina las bases de reproducción de las condiciones de articulación de legitimidad que las fuerzas políticas requieren para integrarse a la dirección moral e intelectual del pacto dominante. Los casos de financiamiento empresarial a la política sólo son una expresión de este proceso, pero que terminan develando frente a la opinión pública, la dependencia del poder político al poder económico.

 

Si por un lado el ciclo de luchas sociales del 2011 logró reinstalar, a través de la consigna “no al lucro” la disposición a repensar lo existente, entre otros elementos a partir de la demanda por derechos sociales, por otro lado la actual situación ofrece una oportunidad inédita para avanzar en la construcción de un nuevo proyecto que se proponga la tarea de pensar los primeros pasos de salida al neoliberalismo.

 

Sin embargo, nada está asegurado. Los escenarios de desafección y deslegitimación política pueden ser propicios para una salida conservadora y populista al actual escenario, cuestión que sin lugar a dudas implicaría un retroceso para un proceso de transformación social. A su vez, seguir creyendo que la repetición del repertorio de acción de las fuerzas sociales permitirá el acceso a la lucha política, es un error. Si bien las fuerzas sociales permiten avanzar en la lucha ideológica y pueden obstaculizar el avance de las agendas del poder; por sí mismas y sin la existencia de dirección política, se encuentran vedadas al ingreso de la lucha política. La lucha por una parcialidad, es ausencia de un proyecto de transformación que se oriente a la totalidad. Una fuerza social que sólo sostenga reivindicaciones parciales jamás podrá articularse en el escenario actual como una alternativa real de cambio.

 

 

-durante la transición se profundizó radicalmente la privatización de la acción estatal, que se expresa nítidamente en la integración de la elite concertacionista a los círculos sociales del gran empresariado-

 

 

Debemos avanzar en la construcción de una crisis de legitimidad que posibilite una crisis política. Para eso se requiere la emergencia de un movimiento político amplio y diverso, que anclado en las múltiples voluntades que han protagonizado las movilizaciones y luchas sociales de los últimos años (profesores, estudiantes, profesionales precarizados, trabajadores y también, los movimientos regionales, feministas, ambientalistas, pueblos originarios entre otros) e integrado también por voluntades políticas de cambio (bases de partidos tradicionales críticos de sus direcciones, movimientos políticos locales, colectivos políticos u otras formas de asociación), se proponga representar una alternativa de democratización social y democratización política para nuestro país. Frente a un escenario de desarticulación, es clave orientar este proceso a la constitución de los actores sociales con potencialidad de oponer un proyecto de sociedad alternativo al dominante en el Chile neoliberal.

 

Este movimiento político amplio y diverso, debe ser necesariamente independiente de la élite empresarial y política de nuestro país; para que en su dimensión real y simbólica prefigure una nueva manera de concebir la democracia, que combine formas de democracia representativo con formas de ejercicio democrático directo; sea convocante para todos aquellos y aquellas que sueñan por una país más justo, democrático y digno, para lo cual es indispensable no sólo reducir nuestro campo de disputa al del mundo de la izquierda, sino que también refundarlo con nuevos códigos, prácticas e idearios.


Plantearse los objetivos antes enunciados, no es otra cosa que salir a disputar hoy la oportunidad de inaugurar efectivamente un nuevo ciclo democrático en Chile.

 
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