Chile: Los derechos sociales, historia del disciplinamiento y la disputa por el poder

Edison Ortiz, Docente Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Santiago de Chile

En las sociedades indígenas, en particular en la mapuche, existió un derecho consuetudinario hecho fundamentalmente en función de los hombres. Es sobre el varón donde recae la tradición: cazar, recolectar, iniciar a los más jóvenes, dirigir la tribu o el grupo humano que vive en ese entorno.  En una sociedad eminentemente patriarcal es el macho quien hereda los principales derechos: entre ellos, incluso, la posibilidad practicar la poligamia si la situación económica así se lo permitía. La mujer en tanto, subordinada al varón, quedaba a cargo de la casa, el cultivo de la tierra y la crianza de los niños hasta que, éstos estuviesen en edad suficiente de incorporarse a las labores de caza y pesca, o procrear y abandonar el hogar paterno. Allí era el varón sujeto de derechos, en tanto la mujer objeto de los mismos.

Aquel mundo milenario pronto sufrirá un impacto profundo y dramático como resultado de la invasión española no tanto por el reemplazo de una cultura patriarcal por otra, sino por la violencia del proceso que, quinientos años después, aún no logra cicatrizar sus heridas.

El español se mezclara rápidamente con la mujer indígena dando lugar a un proceso de mestizaje que es la base sobre la que se constituyó la nación chilena y a la vez, ante la falta de riquezas naturales como las encontradas en las culturas azteca, maya o inca, será la posesión de la tierra, y por ende su explotación, la principal fuente patrimonial de la nueva sociedad. La tierra determinara el derecho y desde Almagro y Valdivia en adelante se repartirá bajo el modelo de encomiendas otorgadas por la corona a los participantes del proceso de conquista.
 

-la encomienda, es decir, el pago en trabajo por una hipotética protección española será el punto de partida de un modelo de abuso-

Los indígenas locales, tal cual como ocurrió en el resto de América Latina, serán la mano de obra que permitirá la producción agrícola mediante la implantación brutal de sistemas de trabajo muy cercanos a la esclavitud: la encomienda, es decir, el pago en trabajo por una hipotética protección española será el punto de partida de un modelo de abuso, clave en la formación de una incipiente economía  agrícola que girará en torno a dos principales unidades productivas: la hacienda, de explotación fundamentalmente agrícola, y la estancia, de crianza y usufructo ganadero. El sometimiento indígena sin mínimos derechos dará lugar no solo a los más crueles modelos de dominación sino también a una disminución exponencial de la población aborigen producto de las deplorables condiciones de trabajo así como de las nuevas enfermedades. Ello llevará a la protesta de órdenes religiosas – la más famosa fue la de Bartolomé de Las Casas – que obligó a la corona a emitir la primera legislación las leyes nuevas de 1542 que puso a los indígenas bajo su protección en tanto la recopilación de las leyes de Indias de 1680 sintetizaron el derecho indiano que, teóricamente, le otorgó protección real pero que, la falta de un poder sistematizado y continuo no impidió los abusos.

Los españoles en tanto, y al igual que los mapuches, practicarán el concubinato aunque, mediante la institución del mayorazgo, se pondrán a resguardo de que sus propiedades no puedan ser subdivididas, dejando el peso de la herencia sobre los hombros del hijo mayor varón. El amancebamiento con las mapuche, en tanto, dará lugar, con el paso de los siglos, a una masa ingente de vagos, ociosos y malentretenidos que serán el festín de las policías y la mano de obra de los latifundios donde llegarán a arrancharse en sus contornos ofreciendo su trabajo gratis a cambio de un pedazo de tierra para vivir y cultivarla.

​Se constituirá así lo que Rolando Mellafe llamó el latifundio,  verdadero poder social y político de la colonia. En una sociedad casi sin grandes centros urbanos – con la excepción de Santiago, Concepción, La Serena, etc. -   serán estas grandes extensiones de tierras, a la vez unidades productivas, los verdaderos focos de vida familiar, religiosa y social en ese Chile.

-en el contexto de una institucionalidad muy débil, los derechos casi no existieron para la población y cuando se explicitaron, en el caso indígena, en medio de un poder ralo y discontinuo no fueron eficaces-

Por lo tanto en los latifundistas, el patrón, será simultáneamente poder ejecutivo, legislativo y judicial a la vez que modelo social. El poder religioso lo complementará poniendo al lado de su vivienda, o en ella misma, la iglesia, otorgándoles a su mandato un poder omnipresente en aquella sociedad donde el único que es sujeto de derechos es el patrón y su familia, y más específicamente el primogénito varón de la familia. Los demás, los hermanos menores serán destinados al ejército a  la iglesia, en tanto que las mujeres, a casarse o al convento; a su vez, los derechos del resto, indígenas y mestizos, quedarán confinados al arranchamiento en los contornos del latifundio o pueblos de indios.

Esa fue la manera en que se constituyó el derecho colonial sobre los distintos grupos sociales: todo el poder en manos del propietario latifundista y su familia, una protección teórica a los grupos indígenas quienes fueron considerados interdictos jurídicamente y unos mestizos abandonados a su propia suerte. Tenemos entonces que, en el contexto de una institucionalidad muy débil, los derechos casi no existieron para la población y cuando se explicitaron, en el caso indígena, en medio de un poder ralo y discontinuo no fueron eficaces.


Aquel, desde el punto de vista de la corona, era fundamentalmente un poder pastoril, con  la figura del rey-guía que conduce  a sus ovejas, lo que sucedió en especial con aborígenes. No fue casual en el contexto de las guerras de la independencia, como bien nos lo documentó José Bengoa, que mapuches como grupos subalternos estuvieron más bien del lado del bando realista, antes que de los criollos pues percibían en la figura del monarca y de su representación colonial una imagen mínima de protección – los parlamentos- y no de abuso, como sí ocurría con la oligarquía criolla. Sus patrones.

Tenemos entonces que en los albores del proceso independentista, una sociedad militarizada, como resultado de la violencia con que se instaló y se desarrolló, constituyó un cuerpo social absolutamente desequilibrado en sus derechos, elaboró una mínima legislación respecto de la protección y resguardo de las personas, tuvo un sentido fundamentalmente restrictivo y vinculado a la negación de derechos políticos y a la proliferación de normas restrictivas sobre el intercambio comercial que pese a su carácter punitivo, debido al poder discontinuo instalado, fue comúnmente burlado. Así cobró vida aquella máxima que, en especial en el aparato público cobra vigencia hasta el día de hoy: “la norma se acata, pero no se cumple”.

-con el desarrollo de Chile como nación independiente se afianzó la construcción de un Estado moderno (...) inserción de cuerpos de policía, construcción de escuelas, instalación de un nuevo discurso penitenciario cuyo objetivo fue levantar un Estado que decide “cargar sobre su espalda la responsabilidad del control y el disciplinamiento social”-

Con el desarrollo de Chile como nación independiente se afianzó la construcción de un Estado moderno y no fue casual que varios de los proyectos de  gobierno tuvieron que ver con la inserción de cuerpos de policía, construcción de escuelas, instalación de un nuevo discurso penitenciario cuyo objetivo fue levantar un Estado que decide “cargar sobre su espalda la responsabilidad del control y el disciplinamiento social”. En ese correlato la educación, la religión, la estadística y la corrección de los hombres cobran especial significación y estos arquetipos se trasformaron pronto en ejes transversales que cruzaron a las diversas instituciones: escuelas, fábricas, fuerzas armadas, organismo de caridad y la penitenciaría. Un ejemplo culmine para  evidenciar esa gigantesca operación de control que se estableció sobre el espacio humano no fue otro que esa marejada de reglamentos que se tomó el cuerpo social desde temprano. Cobran forma a partir de 1832 y ya no será posible detenerlos. Ellos se presentan como el mejor testimonio de una sociedad que se autoproclamó liberal en el discurso, pero que tenía otros adjetivos en la práctica. En términos de controlar y vigilar la conducta humana hubo una sola manifestación legal que quiso superarlos: el proyecto de Ley que permitía allanar las casas por orden de cualquier autoridad, incluidos los agentes de policía y los serenos y cualquier persona, inclusive de noche. Esfuerzo escalofriante sin duda, pero en la misma perspectiva que los reglamentos: controlar y enmarcar la conducta humana conforme a ciertas normas llamadas casi siempre deberes, en tanto los derechos nunca ocuparon más de un renglón.

Ese esfuerzo quedó en la impronta de nuestra sociedad y se bautizó como “El Estado Portaliano”, hecho a punta de rebenques y latigazos, y cuyo esfuerzo por armar una nación cubrió todo el XIX. Hitos relevantes de ese proceso fueron el crecimiento del aparato burocrático, la uniformización de la ley, la sumisión de las regiones al hiperpresidencialismo metropolitano y del poder eclesiástico al Estado con el matrimonio civil, ley de cementerios laicos y el Registro Civil que quitó a la iglesia el poder exclusivo sobre la vida y la muerte.


Luego la estatalización de la sociedad y la creciente autonomízación del Estado, asustó a sus padres fundadores. Entonces encabezaron una rebelión para recuperar la autonomía pérdida, hicieron caer a Balmaceda y de paso, provocaron su muerte. La frondización del gobierno les permitió volver a gozar de sus fueros ancestrales y resurgió el padre-castigador del latifundio.


Pero aquello no duró mucho. El abuso, la sobreexplotación, el efecto rebelde del disciplinamiento hizo que los cuerpos dóciles volvieran a exigir derechos. Se organizaron primero en mutuales, luego en sindicatos y con posterioridad formaron sus propios partidos políticos y buscaron un padre-protector, más cerca  del pastor-guía-rebaños que del patrón autoritario. Entonces, nació un nuevo guía-pastor: el Estado de Bienestar que protegió, entregó derechos pero continuó con la normalización y el disciplinamiento: se profundizó la ampliación del sistema de educación pública, la extensión de la red de salud así como el control estadístico de la población. Aunque se dejó a los campesinos abandonados a su suerte.

 

 

-el Estado de Bienestar que protegió, entregó derechos pero continuó con la normalización y el disciplinamiento: se profundizó la ampliación del sistema de educación pública, la extensión de la red de salud así como el control estadístico de la población-

Aquel esfuerzo se extendió y profundizó hasta 1973 en que la disputa por el poder despertó a actores sociales- los cordones industriales y el levantamiento campesino-  y asustó, a la oligarquía fundadora que nos regresó al oscurantismo, ahora en una versión amplificada del Estado policial. Ya no es solo el control de los cuerpos y el disciplinamiento social, es también limpieza higiénica-ideológica (“hay que extirpar el cáncer marxista que corroe al país”, dirá Leigh). Para lograr su objetivo el régimen hará uso del castigo moderno (el encierro), pero también de otros más clásicos y tan antiguos como el hombre mismo: los suplicios, la tortura, el destierro, y los más inimaginables métodos de represión. Por supuesto, la vigilancia y la delación pasan a formar parte de nuestra cotidianidad. Por las noches, bandas de criminales se toman las calles y las urbes se transforman en Ciudades en las sombras. La oligarquía local aprende, cuarenta años antes que Byung-Chul Han que no basta con el biopoder, ni que es suficiente con el control de los factores exteriores, como la procreación, el control de las tasas de natalidad y mortalidad, hay que penetrar en la psyche de la población. Ha llegado el tiempo de “la psicopolítica”. El control brutal de los medios de comunicación, combinado con el poder de muerte, la biopolítica y el psicopoder, más el endeudamiento masivo de los chilenos y la enajenación de sus recursos (AFP, ISAPRES, etc.) terminan por instalar, lo que tempranamente Moulián caracterizo como “Chile, páramo del ciudadano, paraíso del consumidor”. Esa tridimensionalidad de la dominación se hará insoportable incluso para no pocos miembros de los grupos dirigentes los que, junto a una masa humana de barrios y poblaciones, que ya no aguantan aquella disciplina y que cada vez más se declaran en abierta rebeldía, al punto de preocupar al embajador Harry Barnes, provocan la caída del régimen con la ayuda de EE.UU.

La restauración democrática, como lo sabemos, no cambia mucho el panorama, salvo desinstalar lo que había de soberano y de muerte en el ejercicio del poder: se elimina la CNI y parte de la brutalidad del control que caracterizó a la dictadura. Pero el resto de los dispositivos se mantienen incólumes y en algunos casos se intensifican. La temprana apuesta por desactivar al potente movimiento social surgido desde abajo determina su desaparición de escena. Ello, se reafirmó con la decisión por mantener a los chilenos presos del modelo económico, exacerbando el lado placentero de la dominación vía el endeudamiento –aumento del gravamen a las personas y no a la riqueza, la bancarización hasta del chileno más humilde, el copago que terminaría con lo que quedaba de educación pública, y la creación de un mercado  de capitales, la introducción del CAE, etc. -, hasta que el modelo reventase. Del viejo Estado de Bienestar solo se mantuvo lo discursivo y asistimos al desmembramiento de lo que quedaba del fisco: comenzó la manía por jibarizar y por privatizar todo lo que no alcanzó a hacer Pinochet. La enajenación fue tanta que se llegó incluso a privatizar los caminos. Solo se mantuvo la parte benthamiana del  Estado que, a duras penas, mantiene a raya la protesta que se deriva de la violencia del modelo: no hay gobierno que no haga crecer el número de las policías y de su equipamiento; el aumento de la justicia controladora (hoy hasta el más mínimo conflicto privado es judicializado), pero no liberadora; crecimiento de la burocracia estatal sin atribuciones ni presupuesto, salvo para  estadigraficar la población y vigilarla. En fin, el sueño orwelliano se ha hecho realidad los mecanismos de control se tornan más fuertes e invisibles.
 

-estos duros tiempos de aprendizaje, han abierto los ojos a los grupos subalternos en la lógica de que, después de todo, la lucha por los derechos, es una derivada de otras más profunda: la disputa por la verdad y el poder en las sociedades-

Pero aquello no garantiza que la cosa no reviente, como estuvo a días de ocurrir durante las protestas estudiantiles de 2011 que tuvieron al gobierno de Piñera en las cuerdas y que provocaron la creación de nuevas estrategias de control como la iniciativa de esa administración, en pleno apogeo de la protesta, para intervenir y digitar el debate en las redes sociales. Es que la oportunidad que brinda internet y el control de las redes sociales es el nuevo sueño benthamiano de cualquier gobierno. Como no recordar, también,  el polémico proyecto que encabezo Hintzpeter para resguardar el orden público cuyo fin no era otro que paralizar al cuerpo social e instalar una herramienta de represión y control social similar al que alguna vez estuvieron presentes en los socialismos reales.

Tenemos entonces, una sociedad eminentemente patriarcal por historia, donde ha sido la oligarquía el único grupo sujeto de derechos por excelencia y que hoy  enfrenta el cuestionamiento público. El movimiento social ha vuelto a exigir cierto reequilibrio de derechos. La concentración oligárquica del poder estimula los reventones  sean regionales, étnicos, de género o de grupos ahora sin mediación y asistimos a la policización del Estado: iniciativas como el endurecimiento de la ley antiterrorista, la reintroducción de la detención por sospecha, o la respuesta represiva rápida a cualquier demanda, reinstala, necesariamente la discusión por el restablecimiento de un mínimo equilibrio entre los derechos excesivos de unos – la oligarquía económica y sus agentes: empresas, alto clero y actores políticos- y las garantías mínimas de otros: grupos sociales subalternos, regiones y etnias originarias.

Después de todo, estos duros tiempos de aprendizaje, han abierto los ojos a los grupos subalternos en la lógica de que, después de todo, la lucha por los derechos, es una derivada de otras más profunda: la disputa por la verdad y el poder en las sociedades. Nos queda por ver, como sonará el estruendo de las batallas que se vienen.

 
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