Una Nueva Constitución para una

Nueva Democracia

Eduardo Ocampo, Fundación Crea. Equipo Chile Crea una Nueva Constitución.

El fin de semana del 23 y 24 de julio puso en evidencia algunas de las principales características de la realidad social y política nacional, por medio de dos acontecimientos esclarecedores: La celebración de los Cabildos Provinciales, en el marco de la etapa participativa del proceso constituyente impulsado por el gobierno, y la realización de la marcha nacional por NO + AFP.


Por un lado los Cabildos Provinciales contaron con la participación de aproximadamente 11 mil personas, antecedidos por cerca de 9 mil Encuentros Locales Autoconvocados con la participación de algo más de 100 mil personas, donde si bien se expresaron parcialmente voluntades transformadoras, tanto en lo que representa el ejercicio y organización de los encuentros en la base social y los contenidos planteados por distintos sectores, demostró los límites de un proceso constituyente “restringido”, débilmente promovido, mínimamente apropiado por los sectores populares, en el cual no existen garantías de que sus resultados sean vinculantes, donde además el parlamento – una de las instituciones más desprestigiadas – tiene asignada la definición de los términos fundamentales del proceso. Lo que se encuentra atravesado por una desconfianza general hacia la élite política, las principales instituciones, y las formas de participación que de ellas emanan.


Mientras que, por otro lado, la Marcha Nacional por NO + AFP logró movilizar a cientos de miles en las calles de todo el país – según diversas fuentes alcanzó una participación ampliamente superior al medio millón de personas entre más de 40 ciudades -, protagonizada por hombres y mujeres trabajadoras, adultos mayores, jóvenes y familias completas, en rechazo al sistema de AFP y a las paupérrimas pensiones entregadas tras vidas completas de esfuerzo y sacrificio. Jornada que representa, sin duda alguna, uno de los hitos de movilización social más contundente de todo el período de la post-dictadura, tanto por su transversalidad y masividad, como por la profundidad del cuestionamiento que supone.

-desde estas tensiones que se logra explicar la apertura de un proceso constituyente en Chile (...) en el que tanto la élite política, el gran empresariado, y las fuerzas sociales y políticas transformadoras en maduración asumen (...) que el telón de fondo de la disputas específicas están en una reforma, ajuste o superación del orden constitucional vigente-

 


Dicho esto: ¿Representan ambos acontecimientos dimensiones excluyentes de la realidad? En ningún caso, ambos son expresiones de las principales características de la realidad social y política nacional: El deterioro sistemático de la legitimidad de la élite política y sus instituciones, la irrupción y permanencia de los movimientos sociales en el escenario, el desarrollo de un sentido común crítico de algunos de los elementos centrales del neoliberalismo y la democracia restringida, que toma forma de una politización contradictoria de la sociedad,  en la que al mismo tiempo que se encuentran abiertos los debates sobre amplias esferas del orden político, económico y social, con un inmenso potencial transformador, se realiza aún con desconfianza y rechazo hacia “la política” en un sentido estricto.
Y es desde estas tensiones que se logra explicar la apertura de un proceso constituyente en Chile - donde el proceso constituyente “restringido” impulsado por el gobierno es solo una dimensión específica y acotada -, en el que tanto la élite política, el gran empresariado, y las fuerzas sociales y políticas transformadoras en maduración asumen – de manera más o menos directa, con más o menos fuerza - que el telón de fondo de la disputas específicas están en una reforma, ajuste o superación del orden constitucional vigente, en tanto es expresión institucional de un proyecto que ha organizado el país durante los últimas 4 décadas y que hoy da múltiples señales de agotamiento.


Siguiendo esta lógica, el proceso constituyente, en un sentido “ampliado”, para su resolución favorable en una perspectiva democrática y de justicia social, pasa inevitablemente por una acumulación de fuerzas, expresadas en movilización y organización de las mayorías trabajadoras y populares de Chile, que de vida a un nuevo proyecto político capaz de superar el neoliberalismo y la democracia restringida.


Donde la consagración de los derechos sociales, como la educación, la previsión social, la salud, y la vivienda, que implica inevitablemente su sustracción del mercado, la democratización de las instituciones políticas y la ampliación progresiva de la participación y el control social sobre ellas, y la propiedad pública sobre las actividades económicas estratégicas y los recursos naturales, ocupan un lugar central. No solo porque representan necesidades y demandas de amplios sectores de la sociedad, sino porque en torno a estos planteamientos se ha ido desarrollando un sentido común crítico que apunta a los pilares del dominio de la élite política y el gran empresariado, sobre el cual se puede articular una mayoría político – social alternativa que abra camino a transformaciones estructurales.

 

 

-el proceso constituyente, en un sentido “ampliado”, para su resolución favorable en una perspectiva democrática y de justicia social, pasa inevitablemente por una acumulación de fuerzas, expresadas en movilización y organización -


Y es en función de estas premisas, entre otras, que situamos los esfuerzos por una Nueva Democracia, que es tanto instrumento como objetivo. Instrumento, en cuanto que es un espacio organizativo en conformación de una nueva fuerza partidaria nacional que nace, tal como otras iniciativas amigas, desde diversas experiencias de movilización y lucha social, sean estas sindicales, estudiantiles, socio-ambientales y territoriales, de los pueblos originarios, de los derechos humanos, del movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, y del arte y la cultura, y que aspira a ponerse a disposición de activistas, luchadoras y luchadores, y hombres y mujeres comunes y corrientes de diversas generaciones y procedencias. Y objetivo, porque  las fuerzas sociales y políticas transformadoras en maduración en Chile están definidas fundamentalmente por su sello democratizador, dada su resistencia a las manifestaciones de un orden antidemocrático y su capacidad, principalmente de los movimientos sociales durante la última década, de expandir la práctica y el ideario democrático en la sociedad, lo que pone el desafío de una Nueva Democracia, en términos políticos, económicos y sociales sustantivos en el horizonte.


Y que dota de contenido específico al desafío de la elaboración de una Nueva Constitución por medio del mecanismo más democrático posible, la Asamblea Constituyente, dado que la vincula con un proceso general de acumulación de fuerzas, de fortalecimiento de demandas y de generación e instalación de otras que, al mismo tiempo que dan cuenta de las necesidades de amplios sectores sociales, profundizan un sentido común democrático y antineoliberal que provee del sustento cultural al nuevo proyecto político. De esta forma, la Nueva Constitución sería la expresión jurídica e institucional de una nueva posición de las mayorías trabajadoras y populares en el Estado, lo cual, si bien no supondría necesariamente un desmantelamiento total y definitivo del dominio de la élite política y el gran empresariado, si representaría un retroceso significativo de sus intereses, y la posibilidad de la superación del neoliberalismo y la democracia restringida, abriendo con ello un nuevo  periodo histórico y político en Chile.

 

-se presentan condiciones para la existencia de una alternativa que se proponga terminar con la larga noche del neoliberalismo y la democracia restringida, y sus nefastas consecuencias expresadas en las más extendidas y diversas injusticias y desigualdades-


Por lo tanto, la resolución del proceso constituyente está sujeto a condiciones, como las ya señaladas, que en caso de no desarrollarse conducirían a una actualización del acuerdo constitucional entre élites, ya sea en formato de reforma constitucional o, incluso, de una Nueva Constitución, pero que, en ningún caso, altere sustancialmente los pilares del orden económico y político vigente, logrando sí sortear el problema de la legitimidad de origen de la Constitución de 1980.


Así una Nueva Constitución para una Nueva Democracia se erige como una propuesta ante la disyuntiva de restauración o cambio que delimita el escenario para las fuerzas sociales y políticas en el corto y mediano plazo. La cual hemos asumido responsablemente, como una perspectiva de construcción desde y con las mayorías trabajadoras y populares, y con vocación unitaria con todas y todos quienes comparten lo central de estas premisas.


Porque se ha abierto un momento de oportunidades para más movilización y organización, y, ante todo, más disputa política. Porque existen condiciones para la existencia de una alternativa que se proponga terminar con la larga noche del neoliberalismo y la democracia restringida, y sus nefastas consecuencias expresadas en las más extendidas y diversas injusticias y desigualdades. Porque es posible abrir un camino de mayorías por la conquista de derechos, por la democracia y la participación, y por la recuperación de nuestras riquezas.


Es la convicción que nos recorre y así lo haremos

 
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