Luchas territoriales: la última frontera

Fernanda Rubilar Stefanini, magíster en Política y Gobierno y presidenta Fundación Síntesis.
Militante Movimiento Autonomista.

 

En el último período, las movilizaciones territoriales en Chile han logrado ampliar la atención de la tradicional vulneración de derechos sociales y mirar en profundidad como el modelo neoliberal impacta en territorios determinados. No hay que olvidar que el estallido social que volcó a miles de personas por una educación pública tuvo de antesala movilizaciones socioambientales y, posterior a esta, otras que fueron expresión de conflictos territoriales, como Aysén, Tocopilla, Freirina o Pelequén. Así es cómo, sumado a las particularidades y diversidades de nuestra realidad nacional, fijamos la mirada en el territorio como la última frontera. Una reflexión imbricada con la producción social del territorio, las luchas que se configuran por la construcción o defensa de bienes comunes, la disputa entre el carácter colectivo y privativo del territorio y ciertos flancos que tiene el modelo neoliberal a la chilena. 

La última frontera, concepto que acuñó Saskia Sassen en su paso por Concepción, se refiere a que el territorio debe ser considerado un espacio de lucha, defensa, resistencia y construcción de una forma alternativa de producción social, que se contrapone, por esencia, a la hegemonía de la dinámica netamente mercantil. Este espacio pasa a tener un lugar estratégico y propicio para un nuevo tipo de actores y proyectos políticos. Si comprendemos el territorio, el espacio, como una realidad social, impregnada de relaciones, costumbres, vocaciones; una realidad material, con sus particularidades y formas; y una realidad mental, llena de historia, sentimientos y patrimonio, podemos entender una importante distinción entre la ciudadanía y el mercado, o la ciudadanía y el Estado. Para la ciudadanía la valorización del uso, del habitar, del vivir en un territorio determinado no se puede comparar con el valor que mueve a los segundos: El Estado y el Mercado. Para ellos, el valor que prima es el de cambio, la capacidad de transacción que tiene un terreno determinado por sus características: ubicación, plusvalía, brecha de renta, etc. Por lo tanto, esta reflexión se encuentra enmarcada en la disputa social por la producción del territorio, entendido por la composición de estas tres capas: material, social y mental.

-el territorio debe ser considerado un espacio de lucha, defensa, resistencia y construcción de una forma alternativa de producción social, que se contrapone, por esencia, a la hegemonía de la dinámica netamente mercantil-

El territorio se produce por hegemonía y cumple el rol de reproducir la misma, pero existen ciertas excepciones donde este logra entrar en disputa con una posición contrahegemónica. Esto ocurre donde las  comunidades tienen mayores niveles de organización, pero también donde el Estado no se encuentra totalmente presente, o aparece disminuido. Bajo ese escenario es que las comunidades se enfrentan de forma directa con el empresariado, sin el intermediar con el Estado como herramienta de control. Aquí es cuando aparece la frontera, donde los dispositivos se contrarrestan y las clases, o al menos una expresión de éstas, se encuentran, junto con sus antagónicos modelos. Cuando eso ocurre, se disputan la producción del territorio y quien logra plasmar en este, su visión o modelo es quien logra desequilibrar la balanza. Aquí logramos ver con claridad la conceptualización sobre los bienes comunes. Dispositivos, herramientas, símbolos, etc. que pueden sólo fortalecer la posición de los dominados, porque su origen está en una de las bases del modelo: la propiedad privada. Cuestionándola y reconstruyéndola como un bien colectivo. Terminan siendo una puerta de reflexión, vinculada a la colectivización por sobre lo privativo, ya sea del Estado o del Mercado. Éstos (los bienes comunes) no funcionan bajo la lógica mercantil de la propiedad privada, sino que se entienden como los que son colectivamente utilizados por una comunidad o inclusive por la sociedad. Su utilización es de libre acceso, sin someterse a los criterios de la racionalidad mercantil de la individualización. En definitiva , podemos decir que los bienes comunes carecen de propiedad privada y empujan hacia una propiedad colectiva, comunitaria o derechamente sin propiedad.

Pero el modelo hegemónico también cuenta con fuertes dispositivos, que fortalecen la propiedad privada, las inversiones y el control social. En Chile la participación ciudadana desde las vías institucionales se construye en el más árido desierto. Nos encontramos en una democracia restringida, que se remite a la forma más arcaica y básica de ésta: la democracia representativa, cuyo pilar es la espúrea participación a través del voto cada 4 años, delegando las decisiones sobre el devenir del país. No se contemplan espacios de participación efectiva ni deliberante alguno, sin que contengan mecanismos institucionales para contrarrestar los conflictos sociales y finalmente una  Ley 20.500 de participación, que fue realizada a la medida del mercado y la institucionalidad, pero no de la ciudadanía. No existen espacios formales para opinar, incidir o decidir cuando en un territorio determinado se produce un enfrentamiento directo, muchas veces sin preámbulo alguno. El momento en que se conoce de frente al poder (ese poder real) es cuando el interés por un terreno es tal que la comunidad se encuentra con una retroexcavadora o una máquina de demolición. Antes era sólo hegemonía, sólo dominación detrás de las cortinas, pero ante la ausencia de estos mecanismos de procesamiento de conflictos sociales, el sistema está destinado a producir conflictos irresolubles, sin respuesta hacia las comunidades,  lo que conlleva dos opciones: la sociedad cede ante la idea de normalidad, o por el contrario, se moviliza por la defensa de su territorio.

-los bienes comunes no funcionan bajo la lógica mercantil de la propiedad privada, sino que se entienden como los que son colectivamente utilizados por una comunidad o inclusive por la sociedad-

Como Fundación Síntesis hemos colaborado en el proceso que hoy vive la comunidad tomecina, por la recuperación de la histórica fábrica de paños Bellavista-Tomé. Aquí la contraposición es evidente: el Grupo Sabat busca realizar un cambio en el plan regulador para construir 1500 departamentos en las 6 hectáreas que hoy comprenden la fábrica, sólo valorizando los réditos económicos que traería para este grupo aquella inversión. Mientras, la comunidad tomecina ve en el inmueble de la fábrica, en estos terrenos, graficada su historia, la de sus familias y anhelan ver ahí su futuro. Este bien, que la institucionalidad cataloga como privado, pasa a tener un carácter eminentemente público y común, por lo relevante que es la producción social de este territorio y la comunidad siendo un actor fundamental de su producción. El espacio patrimonial, tiene que ver con la vida, el habitar, una construcción social y mental de carácter histórica. En este tipo de conflicto, donde además existe una declaración de monumento nacional, logra aparecer un fenómeno muy anómalo en nuestra sociedad: el cuestionamiento a la propiedad privada, e incluso, con una declaración que podría, de cierta forma, entrar por una grieta de los pilares fundamentales del modelo. Pero incluso así ¿quién decide qué se puede realizar en ese terreno en particular? Aquí es donde se genera una disputa, en plena frontera entre la sociedad y el empresariado, que no sólo pasa por el choque, la confrontación, el conflicto directo o la resistencia de un territorio, sino que trasciende y puede llegar a cuestionar valores fundantes del actual modelo, porque como se enuncia anteriormente, estos son opuestos.

-la última frontera termina siendo el espacio donde se lucha por la vida que queremos defender y por la sociedad que queremos construir-

Es aquí donde se configura esta diferencia esencial, donde se llega a la última frontera. Donde la defensa de una u otra concepción del territorio se convierte en la lucha concreta, defensa, resistencia y construcción alternativa de quienes habitan, de quienes viven el territorio, contra quienes buscan extraer ganancias económicas arrebatando formas de vida, en un contexto donde nuevamente la concepción de la ciudad nace del crecimiento urbano, de la expansión del capital, donde el desarrollo es calculado por la cantidad de casas o cemento. El conflicto territorial efectivo, concreto, principalmente por la defensa de una historia y forma de vida, se produce en la calle, en aquel lugar último donde los poderes ciudadanos se expresan y resisten al enfrentarse a un poder directo, ya sea, directamente mercantil o a través de los dispositivos creados en el Estado.

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Finalmente, es importante recordar que el mercado de suelo tiene por esencia una imperfección, ya que un terreno no existe con las mismas particularidades en ningún otro lugar del mundo, por lo que este pasa a ser monopólico. Aquí la posibilidad de disputa es siempre alta, pero hay una condición que empareja la cancha: la oportunidad es una sola. La última frontera termina siendo el espacio donde se lucha por la vida que queremos defender y por la sociedad que queremos construir. La última frontera viene a ampliar y hacernos reflexionar sobre nuevos repertorios y nuevas oportunidades para la movilización social y la acción colectiva desde el espacio concreto

 
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