Tecnologías, conocimiento y poder

Giorgio Jackson, Diputado Revolución Democrática

Paula Espinoza, Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica. Magíster (c) en Teoría e Historia del Arte

Vamos a comenzar por una obviedad. Hablar de educación en serio, conlleva indefectiblemente una referencia a la democratización del acceso al conocimiento. En otras palabras, anhelamos que el conocimiento esté a la mano de todos. Incorporar esta perspectiva nos permite comprender que lo que está en juego en la reforma a la Educación Superior supera ampliamente el debate sobre gratuidad, el lucro y las acreditaciones, temas que sin duda son muy relevantes, pero no los únicos ni necesariamente los más determinantes para cambiar nuestro mercantilizado sistema educativo. También implica el modo en que la sociedad se relaciona con el conocimiento que se genera, una de sus principales fuentes de riqueza, y esto en el sentido más amplio. De ahí que, en este espacio, nos proponemos abordar cómo se ha establecido la relación entre la creación del nuevo conocimiento y su acceso, en momentos que la tecnología ha abierto nuevas condiciones y oportunidades para dicha relación.

 


Limitando lo ilimitado


La vida humana podría describirse en relación con la historia del conocer. Todos generamos, portamos y transmitimos conocimiento. Éste da cuerpo a nuestra cultura y creencias. El diálogo que hombres y mujeres establecen con el mundo está definido por lo que entendemos y desconocemos, dado que interrogamos nuestro contexto vital a partir de nuestra cultura. Así las cosas, es razonablemente fácil entender por qué el conocimiento ha sido objeto de disputas y apropiaciones.

-la vida humana podría describirse en relación con la historia del conocer. Todos generamos, portamos y transmitimos conocimiento. Éste da cuerpo a nuestra cultura y creencias-


A partir del siglo XV registrar el pasado y las glorias del presente se convirtió, en palabras del historiador francés Roger Chartier (2006), en una obsesión para Europa. La invención de la imprenta, aproximadamente en 1450, y su posterior propagación, constituyó un paso decisivo para la acumulación del conocimiento. Y, al mismo tiempo, inauguró nuevas formas en la relación con éste.


La posibilidad de ampliar la difusión de la información tuvo dos consecuencias inmediatas: primero, desestabilizó el conocimiento y, segundo, ya no fue necesario un mediador para la recepción de la información, lo que inició la privatización de la lectura (Burke, 2002). La resistencia, aprehensión y recelo a la imprenta que experimentaron tanto el clero como el Estado, coexistieron con el entusiasmo de quienes veían en la reproducción de lo escrito un camino para la transmisión del conocimiento en la población. Así lo expresa el erudito germano-británico Samuel Hartlib en el siglo XVII, quien cristalizó la efervescencia ante el potencial del nuevo artefacto tecnológico: “el arte de imprimir extenderá el conocimiento de que, si la gente común es consciente de sus derechos y libertades, no será gobernada con opresión”. Del entusiasmo de Hartlib se pasó a la sospecha y vigilancia sobre la copia. Frente a la oportunidad de ampliar el acceso a la información y la cultura, se optó por la edificación de un dispositivo legal para administrar la generación y circulación del conocimiento. A esto, el siglo XVIII le llamó propiedad intelectual.


Con frecuencia se ha reivindicado la propiedad intelectual como un triunfo de los autores. No obstante, ésta es una afirmación que merece ser revisada. Sin duda, en el debate sobre la propiedad intelectual que se dio durante los siglos XVII y XVIII en Europa –en particular en Inglaterra y Francia-, los escritores abogaron por el reconocimiento de la paternidad sobre su trabajo, junto con el derecho a un pago por la reproducción del mismo. Diderot representó ejemplarmente esta reivindicación en su mentado texto Carta sobre el comercio de libros. Ahora bien, tanto lo expuesto por Diderot así como por otros autores de la época, son respuestas a la precariedad laboral del escritor. Así, la proclama de Diderot -un encargo del gremio de libreros en Francia- buscó asegurar, mediante un contrato, que un autor reciba un pago por ceder los derechos de su obra.


Si bien con el advenimiento de la Revolución Francesa se estableció buena parte de las bases de la propiedad intelectual (reconocimiento a los derechos morales y patrimoniales de los autores sobre las obras), este nuevo escenario no mejoró la situación de los autores (Burke, 2002) pero sí estimuló y consagró la idea de autoría individual. Durante las décadas en las que se discutió esta reglamentación, se consolidó la sociedad de consumo y la expansión de la imprenta. Son éstas las circunstancias que explican la eclosión de un sistema legal que vino a ordenar y fortalecer el mercado del libro, en particular a aquellos que vieron en la mercantilización de la creación una oportunidad de negocio. Pero, sobre todo, convirtió en escaso aquello que no se agota en su difusión ni uso: el conocimiento.

 

-en América Latina el concepto de propiedad intelectual provino desde España, país que, alentado por las prácticas de sus vecinos, emprendió una estrategia por controlar el acceso al material escrito en sus antiguas colonias-

 


El establecimiento de las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual inaugura la vigilancia y el castigo sobre la copia. Aunque en un principio la búsqueda de protección estuvo orientada a las obras literarias, luego se amplió a las invenciones, bajo el rótulo de patentes. Asimismo, de ser un problema nacional devino una cuestión entre países. La racionalización sobre el conocimiento se extendió a modo de legislaciones locales de propiedad intelectual y de acuerdos internacionales. En 1884 entró en vigencia el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, y en 1886 el Convenio de Berna, que se ocupó de las obras artísticas y literarias. Serán los países que denoten un mayor desarrollo de la producción industrial y del mercado editorial, los más interesados en impulsar la propiedad intelectual. En América Latina el concepto de propiedad intelectual provino desde España, país que, alentado por las prácticas de sus vecinos, emprendió una estrategia por controlar el acceso al material escrito en sus antiguas colonias. Mediante tratados bilaterales entre España y países de la región (El Salvador, Costa Rica, Colombia, México, entre otros) la propiedad intelectual se incorporó en América Latina, bajo los términos impuestos por la legislación europea (Hughes, 2012).

 


Conocimiento versus poder


El 6 de enero de 2011 fue arrestado el programador y activista estadounidense Aaron Swartz, bajo el cargo de fraude y abuso computacional. Meses antes, había conectado un disco duro, a través de la red del Massachusetts Institute of Technology (MIT), con el objetivo de conectarse al sistema de archivos académicos JSTOR y así descargar los artículos académicos ahí contenidos. A partir del arresto, se desarrolló una trama judicial que implicó al joven en delitos cibernéticos, delitos computacionales, hurto mayor, entre otros. Finalmente, el 12 de septiembre de 2012, los fiscales federales acusaron a Swartz de delitos graves (felony counts), lo que aumentó la pena máxima a cincuenta años de prisión y un millón de dólares en multas. Enfrentado a esto, Aaron Swartz se suicidó en enero de 2013. Tenía 26 años.


Al momento de su detención, Swartz ya era un hacktivista. De promesa de la programación y el emprendimiento tecnológico, transmutó a actor clave en la lucha por el acceso a la información, ayudando a diseñar las bases del sistema de licenciamiento Creative Commons y diseñando la arquitectura del sistema Open Library. La acción acometida en el MIT constituyó un ataque directo a la industria editorial académica, la que no sólo ha contribuido a la burocratización del conocimiento, sino a su investidura como una atractiva mercancía (Morrison, 2011).

 

-hemos naturalizado hasta tal punto la idea de pertenencia sobre el conocimiento, que resulta adecuado llamar “ladrón” o “pirata” a quien copia, aunque este gesto sólo amplíe la existencia de lo copiado-


La idea de permitir que cualquier persona -estudiante o no, profesional o amateur- acceda a la información académica es esperanzadora. En efecto, el desarrollo de países como Chile ha debido sortear la falta de acceso al material escrito. El investigador y experto en propiedad intelectual Peter Drahos (2002), describe el problema de la difusión del conocimiento desde las metrópolis a las colonias, al que siguió el de los países desarrollados a aquellos en vías de desarrollo. En efecto, estos últimos enfrentan un problema de escasez. Por ejemplo, según estadísticas de UNESCO, en 1960 en India se contabilizaron 10.741 títulos (incluidas las publicaciones no periódicas), un número bajísimo en consideración la alta densidad de población del país (Drahos, 2002). Copiar, entonces, ofrece la oportunidad de obtener la información y es un paso decisivo en la democratización del conocimiento.


Así lo entendieron los estudiantes costarricenses, quienes durante 2012 llevaron adelante el movimiento Fotocopiando por estudiar, que alcanzaría su máximo logro en la promulgación de la Ley de Fotocopias. Sin embargo, el proyecto de ley que permitía el fotocopiado de libros para fines académicos, fue vetado por la presidenta Laura Chinchilla, quien acogió las opiniones que veían en esta ley un perjuicio para la inversión extranjera en el país. Algo similar ocurrió en Corea del Sur en la década de 1980, con la editorial Tower. Esta empresa de publicación, saltándose la solicitud y pago de derechos, publicó libros a muy bajo costo para estudiantes coreanos. Una historia similar se vivía en el resto de Asia, donde el precio de los textos de autores occidentales estaba fuera del alcance de la población. Sin embargo, esta situación no fue bien recibida por EE.UU. Nuevamente el modo de obstaculizar el acceso fue mediante el comercio como argumento. El gobierno surcoreano fue presionado para intensificar la legislación en torno a la propiedad intelectual. La negativa significaba el cierre del mercado norteamericano para la industria surcoreana.


La relación entre propiedad intelectual y comercio es inseparable. Así se determinó tras más de una década de presiones de la industria estadounidense, que concluyó con la incorporación de normativas de propiedad intelectual como un asunto comercial entre los países, lo que derivó en la inclusión de ésta en los tratados de libre comercio que proliferaron en la década de 1990 entre países en desarrollo y Estados Unidos (Drahos, 2002).

 

-a partir de una retórica que utiliza la figura del autor, se ha mercantilizado y privatizado el conocimiento, en un juego donde los intermediarios, que de creadores tienen muy poco, han buscado controlar y sacar ventaja de una fuente de riqueza generada por todos-


Nuestro actual entendimiento con las formas de expresión del conocimiento y la cultura –libros, software, películas, música y otros- ha sido modelado por normativas de las que poco o nada hemos discutido democráticamente. En este punto del devenir de la propiedad intelectual, hemos naturalizado hasta tal punto la idea de pertenencia sobre el conocimiento, que resulta adecuado llamar “ladrón” o “pirata” a quien copia, aunque este gesto sólo amplíe la existencia de lo copiado. A partir de una retórica que utiliza la figura del autor, se ha mercantilizado y privatizado el conocimiento, en un juego donde los intermediarios, que de creadores tienen muy poco, han buscado controlar y sacar ventaja de una fuente de riqueza generada por todos.


Hablar de educación y su mercantilización, exige interrogarnos sobre los intereses que determinan los modos de funcionamiento de la institución educacional. ¿Los académicos están dispuestos a hacer públicas las clases que realizan, en un marco de gratuidad financiada con impuestos de todos? ¿Es deseable que se consolide el mercado de las publicaciones académicas, que ha vuelto privativo el acceso al nuevo conocimiento por parte de la población? ¿Es compatible la misión pública de las universidades con la generación de investigaciones orientadas a establecer privilegios monopólicos, a través del sistema de patentes?


No hay duda de que el conocimiento supera la institucionalidad educacional. Pero la educación sí se trata de conocimiento: de su generación, apropiación y transmisión. La reforma a la educación superior puede tratarse de contener las demandas históricas del movimiento estudiantil sobre gratuidad, estructura institucional y término del lucro, o puede además, convertirse en una oportunidad para replantear la relación entre el poder y el conocimiento, en momentos en que el desarrollo tecnológico ha abierto el camino para democratizar el acceso y la generación de contenidos.*

*Esta columna fue redactada anterior a la presentación oficial de la Reforma Educacional.

Referencias:

Burke, P. & Briggs, A. (2002). De Gutenberg a Internet. Buenos Aires: Taurus.

Chartier, R. (2006). Inscribir y borrar. Buenos Aires: Katz.

Drahos, P. (2002). Information Feudalism. London: Earthscan Publications.

Hughes, J. (2012). A Short History of ‘Intellectual Property’ in Relation to Copyright. Recuperado de http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1432860

Morrison, Heather (2011). Capítulo dos: scholarly communication in crisis. Freedom for scholarship in the internet age. PhD Dissertation (in progress).

 
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