Antecedentes para enfrentar el escenario constituyente chileno

Javier Velasco, abogado. Militante Movimiento Autonomista.

A finales de la década del 70, la Junta de Gobierno inició un proceso de reforma institucional denominado “las siete modernizaciones”, que tendría el objetivo de asegurar la mantención de la agenda neoliberal de la derecha civil más allá del término de la dictadura. Este paquete de medidas económicas y legislativas sentaron las bases del denominado “Consenso de Washington”, modelo estándar para la subordinación de los países “en crisis” al gran capital internacional. En este proceso la Constitución de 1980 constituye un elemento esencial para asegurar la inmutabilidad del nuevo diseño institucional. Una conocida cita de Jaime Guzmán lo explica de manera prístina: “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario”. 
 
Con el anuncio del plebiscito constitucional de Pinochet, nace inmediatamente la demanda popular por un proceso legítimo. Esta exigencia ciudadana, junto a muchas otras, languidecería durante los Gobiernos de la Concertación, que eligieron construir la nueva vida democrática desde las cúpulas partidarias. El movimiento social no tendría fuerza para posicionar la demanda nuevamente sino hasta las movilizaciones por la educación de 2011, en las que se hizo patente que no era posible proyectar transformaciones capaces de afectar los cimientos del poder sin cambiar antes la Constitución, que como decía Guzmán, nos constriñe a seguir la orientación institucional impuesta por la derecha golpista. Dos años después de la rearticulación de la demanda, todos los programas de gobierno de los candidatos a la Moneda se vieron obligados a hacerse cargo de la temática constitucional; por supuesto, las diferencias entre las propuestas del progresismo y la derecha se hicieron evidentes, pero el desarrollo del proceso ha terminado por mostrar una semejanza lamentable; de ambos lados parece haber una intención positiva de mantener a la ciudadanía lo más lejos posible de la producción del sistema jurídico y social.  

-a la fecha hemos presenciado tres procesos de reforma en que la ahora llamada “Nueva Mayoría” ha tomado parte activa, y todos ellos se han llevado a cabo rehuyendo de la participación democrática-


Un ejemplo interesante de esto último puede recogerse de la historia de las reformas constitucionales protagonizadas por la Concertación. A la fecha hemos presenciado tres procesos de reforma en que la ahora llamada “Nueva Mayoría” ha tomado parte activa, y todos ellos se han llevado a cabo rehuyendo de la participación democrática. El primero fue aun en dictadura, y se trató del copioso paquete de reformas que buscaban asegurar una transición pacífica a la democracia; por las condiciones políticas de la época, se le aseguró al pueblo que era necesario hacerlo entre cuatro paredes, limitándose la intervención popular a su ratificación por un plebiscito. En 2005 asistimos al segundo proceso, y nuevamente se afirmó que las condiciones políticas de la época obligaban a efectuarlo sin intervención popular, acudiendo en cambio a la llamada “política de los acuerdos”. En aquel entonces se decía que esta era una nueva Constitución, que pondría término a la transición y al legado autoritario del régimen. Tristemente, la reforma de Ricardo Lagos Escobar ni siquiera tuvo un plebiscito, acrecentando el déficit de legitimidad, y dejando en claro la ausencia de voluntad política para alterar de manera sustantiva el régimen heredado de la dictadura. 
 
Hoy enfrentamos el tercer proceso concertacionista, y hasta el momento el diagnóstico no difiere de los anteriores. El sistema está diseñado para excluir la participación ciudadana; así por ejemplo, no se consultó mediante una instancia democrática si la ciudadanía quería cambiar la Constitución, cuestión básica para dar legitimidad al proceso. Así mismo, la Presidenta Bachelet mandató al próximo Congreso a definir el método por el cual se llevaría a cabo la reforma, sobre la base de una propuesta que ella misma habría de diseñar. Si bien es cierto que la derogación del sistema binominal debiese terminar con la sobrerepresentación de los sectores más reaccionarios de la derecha, no existe evidencia para asegurar que la nueva composición del Parlamento será más representativa de los intereses populares, sobre todo porque la clase política tradicional está más empeñada que nunca en mantener sus privilegios, como demuestran iniciativas tales como la nueva ley de partidos políticos o la llamada “ley mordaza”. Siendo de esta forma, el futuro Congreso bien podría definir que no haya Asamblea Constituyente, y con ello, nuevamente nuestra participación democrática quedaría reducida a un plebiscito, en el mejor de los casos.  
 
Por su parte, ha quedado claro que las instancias previas de participación ciudadana carecen de relevancia efectiva. Así por ejemplo, los encuentros autoconvocados no son vinculantes ni para el proyecto que la Presidenta enviará al Congreso, ni para la decisión que deberán tomar los parlamentarios; como hemos visto además, el Gobierno no ha sido capaz de garantizar que la totalidad de las actas de dichos encuentros queden debidamente registradas, y no existe claridad respecto de cómo serán sistematizados los resultados. El órgano llamado a ofrecer garantías a la ciudadanía es el Consejo de Observadores, cuyos miembros fueron elegidos de manera discrecional por la Presidenta, con evidente sobrerepresentación de la derecha, y asegurando que prácticamente los únicos preparados para intervenir de manera técnica sean los comisionados vinculados a los partidos del pacto de la transición. Además, de 17 miembros apenas 3 son mujeres, no hay presencia de los sectores políticos ajenos al duopolio neoliberal ni de disidencias sexuales, y la ciudadanía carece de formas de controlar o intervenir en su funcionamiento. 

-teniendo presente el actual escenario de crisis de legitimidad, y considerando estas medidas de resguardo contra la intervención ciudadana, parece evidente que la función de este proceso es otorgar, como lo hiciera la constitución de 1980, un maquillaje de legitimidad al régimen-


Teniendo presente el actual escenario de crisis de legitimidad, y considerando estas medidas de resguardo contra la intervención ciudadana, parece evidente que la función de este proceso es otorgar, como lo hiciera la constitución de 1980, un maquillaje de legitimidad al régimen, reafirmando a los actores y las relaciones de poder del pacto de la transición con un texto normativo “debatido en democracia”, pero dejando intactas las relaciones de dominación presentes en la actualidad. Así por ejemplo, nada se ha dicho del contexto normativo en que funcionará la nueva Carta Fundamental, que bien puede ser muy distinta a la anterior, pero constreñida por el mismo entramado neoliberal y jugando a favor de los mismos privilegiados. Siendo así, participar de este proceso sin una reflexión y propósitos determinados, implica formar parte de una maniobra que bien podría dejarnos en una condición más desmedrada, con un sistema jurídico y una clase política tradicional renovados y consolidados bajo la apariencia de legitimidad del nuevo texto. Por otro lado restarse, considerando el proceso de emergencia en que se encuentran las fuerzas transformadoras, implica perder una oportunidad relevante de articulación política, y entregar el proceso sin dar la pelea contra los intereses de la elite dirigente. Salta a la vista entonces que el primer desafío de las fuerzas de cambio es encontrar su propio camino de intervención, que implique participar de manera crítica en los espacios existentes, a la vez que se construyen las condiciones para sobrepasar el diseño institucional. 
 
El diseño de esa estrategia de intervención debe provenir de una elaboración colectiva, pero bien podemos enumerar algunos elementos relevantes que se coligen de la evidencia que han dejado los años de vigencia de la Constitución de 1980: por un lado, que los principios constitucionales, por numerosos y específicos que sean, no necesariamente constituyen una garantía para el pueblo. La hipertrofia dogmática, sin un correlato orgánico que permita materializar esos derechos, los vuelve simplemente testimoniales. Por otro lado, sabemos que uno de los principales, si no el mayor problema de la actual carta, es que impide su propia reforma. Consideremos así mismo, que la Constitución de 1980 es una pieza clave en el proyecto de modernización pinochetista, pero no es la única. Un proceso de reforma sustantivo debe hacerse cargo del ordenamiento jurídico más que del texto individualmente. A su vez, hemos verificado que los partidos del  pacto de la transición han dado pruebas de no ser capaces de ponerse del lado de las demandas populares, siendo la participación directa, como demostraron las movilizaciones estudiantiles, el único mecanismo eficaz para que el pueblo pueda incidir en la política.  

 

-el primer desafío de las fuerzas de cambio es encontrar su propio camino de intervención, que implique participar de manera crítica en los espacios existentes, a la vez que se construyen las condiciones para sobrepasar el diseño institucional-

 


Considerando todo esto, para que nuestra intervención sea efectiva, debe ser capaz de instalar al menos la demanda por mecanismos vinculantes de participación ciudadana en el proceso constituyente, que sean prefigurativos de las herramientas democráticas que debe contener el nuevo texto; es indispensable que asegurar que la nueva Carta Fundamental contemple un mecanismo de reforma que asegure la posibilidad de actualizar su contenido siempre que el pueblo soberano lo estime conveniente. Esta cabeza de playa, que deje abierta la posibilidad de proseguir el proceso de reforma aún si se promulga un nuevo texto que no incorpore nuestras demandas de fondo, bien podría ser el enclave popular que necesitamos para avanzar en la producción de un orden constitucional representativo del interés nacional. Así mismo, se hace indispensable instalar la noción de que el texto no se basta a si mismo, y que la reforma requiere de la modificación del entramado normativo en que se despliega; vale decir, que la reforma de la norma es un punto de partida y no un cierre del proceso. 
 
Dar una batalla consistente dentro del proceso constituyente de la “Nueva Mayoría”, con un objetivo específico fundado en una lectura materialista de la trayectoria de la demanda, puede ayudarnos a instalar las bases desde las cuales dar una pelea sustantiva para recuperar la soberanía del pueblo. En ese sentido, debemos hacer un doble movimiento: por un lado, aprovechar en todo lo posible esta instancia, sirviéndonos de ella como herramienta de articulación entre los excluidos del proceso, y disputando objetivos específicos como la demanda por una Asamblea Constituyente y la exigencia de que el futuro texto contemple mecanismos de reforma democráticos. Por otro lado, debemos ser capaces de proponer formas de organización y mecanismos de intervención que sobrepasen los impuestos por el Gobierno. Solo de esta manera seremos capaces de impedir el cierre del proceso y la neutralización de la demanda en los términos que sirven a los intereses de la clase política tradicional. Puede que en este período no dispongamos de la fuerza necesaria para sobredeterminar los resultados del proceso constituyente, pero eso no debe detenernos. Debemos ser capaces de constituirnos en esta lucha como el sujeto capaz de ganarla, construyendo desde ya las condiciones para que la demanda por una nueva Constitución siga viva más allá de las maniobras de quienes nos excluyen para mantener sus privilegios. 

 
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