Algunas tesis sobre la historicidad de la lucha por los “Derechos Sociales” en Chile. (1890 - ?)

Luis Thielemann, historiador. Fundación Nodo XXI.

I

 

Los “derechos sociales, económicos y culturales” se nos han presentado(1) de forma oficial como aquellos “derechos humanos relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la salud y la educación”. Es una definición abstracta, algo que apenas sirve como un horizonte de sentido de una lucha emancipadora, lo que no es poco pero no suficiente. Así, en una forma tan abstracta como útil para servir de horizonte de sentido, la declaración de Filadelfia (1944) de la OIT, estableció que “todos los seres humanos… tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades".

-en cuarenta y cuatro años, los mismos partidos, el PS y el PC, pasaron de formar un gobierno en que se planteaba seriamente cómo ejercer los derechos sociales, a uno en que se confunden sin rodeo con una simple gratuidad de acceso-

II

 

En el programa de gobierno de la Unidad Popular para las elecciones de 1970 no se menciona el concepto de “derecho social”, pero sí se habla de “derechos democráticos” y de “garantías individuales y sociales”. Se plantea “una nueva concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz en los organismos del Estado”, en la cual el gobierno de Allende aseguraba “el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes”. Pero agregaba de inmediato, para que la anterior enunciación no fuera una mera declaración de voluntades, que “las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales, artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder. [...] Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado”. Cuarenta y cuatro años más tarde, en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, se menciona poco el concepto de “derecho social”, nunca el de “Derechos Sociales”. Cuando se usa, no se define sino como sinónimo de acceso gratuito. En cuarenta y cuatro años, los mismos partidos, el PS y el PC, pasaron de formar un gobierno en que se planteaba seriamente cómo ejercer los derechos sociales, a uno en que se confunden sin rodeo con una simple gratuidad de acceso. En ese miserable vaciamiento del proyecto transformador de la izquierda, se destruye un fundamento básico para el mismo: el objetivo no es una transformación sólo en cómo las seres humanos acceden a los beneficios producidos por su trabajo, sino de cómo trabajan y producen en común esos beneficios, y por ende, de cómo viven su vida en colectivo.

III

 

Esta transición de formas en cómo se comprenden los derechos sociales, así como su ejecución, no obedece a un cambio ideológico. Más bien, el cambio ideológico obedece a otra transformación: La pérdida de centralidad para la izquierda tradicional de las fuerzas sociales que lucharon por dichos derechos sociales -obreros, mujeres pobladoras, campesinos, etc.-, y su reemplazo por los mismos reducidos a masa de votantes individuales. La diferencia está en que la primera forma está basada en clases y conflictos sociales estratégicos, que no se entendían sino como colectivo; mientras los segundos son la forma desactivada de esos colectivos, fragmentada en individuos, organizados en medidas (según edad, pobreza, educación, género, etnia, etc.) que le brindan acceso a uno u otro beneficio (“subsidio”) del Estado, y cuya garantía se basa no en la lucha, sino en su actuar clientelar frente a un Estado que no te reconoce sino como individuo consumidor. Esta transición, digamos, del actor social al individuo neoliberal, es fase de una historia mayor, que se puede trazar en los hitos de modificación del equilibrio en el acceso y ejercicio de los derechos sociales, culturales y económicos en Chile. De esta forma, la historia de los derechos sociales es una historia del estado, la forma legal y hasta la medida exacta, de la relación de fuerzas entre los dominados y los dominantes en Chile (y probablemente en casi todas partes).

-el gran problema estratégico del pueblo es cómo luchar contra el capitalismo, a la vez que se aseguran las condiciones materiales para seguir luchando, pues cada derrota del enemigo es un fortalecimiento popular y vice versa-

IV

 

Lo que se terminó con el golpe de estado de 1973 fue una historicidad de luchas sociales que se remontaba a 1890. Desde una perspectiva ya no sólo de izquierda, sino además popular, es posible observar la trayectoria del ascenso de la demanda popular por mejorar sus condiciones de vida hasta un movimiento popular que maduró la certeza de que sólo el pueblo siendo poder -el “poder popular”- es capaz de garantizar efectivamente una vida digna. Se pueden pensar tres épocas - fases de la misma: a) 1848 - 1890, los años de la lucha por la ‘regeneración del pueblo’, protagonizada por el artesanado, que le reclamó a la elite cumplir la promesa liberal de la independencia, y que sentó las bases de un proyecto ilustrado, modernizante y emancipador de las clases subalternas. b) 1890 - 1932, que son los años de en que sobre esas bases se generó la forma local de un movimiento mundial, propio y autónomo de las clases subalternas, especialmente las clases trabajadoras, marcado por la diversidad socialista (anarquistas y comunistas, específicamente). Se termina cuando, como bien ha establecido(2) Sergio Grez, se produce un viraje en las posiciones del movimiento popular, en que aceptan su integración y limitación en el Estado a cambio de una legislación social beneficiosa. En el fondo, luego de décadas de sangrientas luchas, el movimiento obrero renuncia a la insurrección por fuera de la democracia parlamentaria, pero gana su derecho a la ciudadanía, a ser reconocido política y socialmente como actor. c) 1932 - 1973, esta fase final, especialmente su última década, se caracterizó por el avance, por la vía de las luchas sociales y no sin retrocesos o derrotas parciales, de una lucha popular que ensanchó los derechos sociales, culturales y económicos conseguidos en la fase anterior. Este ensanche se hizo insoportable para la elite, la cuál intentó primero contener su avance en un orden estatal nuevo (el gobierno de Frei Montalva y su “revolución en libertad”) que permitiera su desactivación histórica, y luego, en el estadio de derrota casi total que significó el gobierno de la Unidad Popular, en un ataque violentísimo y sanguinario, destinado no sólo a contener sino a desarticular para siempre las bases de ese movimiento popular y sus conquistas, los derechos sociales. Eso fue el golpe de estado y la dictadura que se inauguró en 1973.

V

 

Con la Dictadura se inaugura una nueva época. En los años que fueron de 1973 a 1990 la violencia se intercaló con la transformación legal e institucional del Estado. De esta forma, se desarticuló la base que permitió la ofensiva popular de 1970 a 1973, yendo a sus bases, formadas en la constitución de 1925 o en las leyes sociales de 1924 o en el código laboral de 1931. Sobre todo, se desarticuló una base económica industrial, que le daba un lugar central a la clase obrera, rural y urbana, pues dicha estructura productiva servía de base para una ética social que planteaba que la protección al trabajador era el centro de la seguridad social. En la Constitución de 1980, en el plan laboral de 1979, así como en las modificaciones que se hicieron en el pacto de la transición, entre 1987 y 1990, se cuajó un Estado subsidiario, distinto al de garantías sociales que mencionaba Allende. En este Estado, los actores sociales perdieron su ciudadanía, la que se vio fragmentada a individuos, portadores de una medida de acceso a ciertos subsidios sociales y de un derecho a voto. A partir de 1990, además, esta forma defensiva del orden social de la elite se tornó en una ofensiva, la que buscaba fortalecer y desarrollar aún más ese orden: los subsidios sociales se convirtieron en origen de un negocio enorme, cuyo objetivo ya no era contener al sector más golpeado por la pobreza, sino que aumentar la tasa de ganancia de los empresarios que se adueñaron de los derechos sociales, los que comenzaron a ser llamados “servicios sociales”. Así nació la subvención escolar, el subsidio a la vivienda, el Crédito con Aval del Estado, al Transantiago, a la construcción de hospitales, etc. Asimismo, los monstruos de la dictadura, las isapres y las AFP, alcanzaron un poder impresionante, a un nivel que todavía no comprendemos bien. En fin, los cuarenta y tres años que han pasado desde el fin del gobierno de Allende se ha revertido el sentido de los factores que posibilitaron el ascenso del movimiento popular en 1970: de un equilibrio de fuerzas que le permitía a las clases populares agigantarse en la lucha, a uno en que el capital se agiganta por sobre cualquier opción siquiera reformista. La situación actual de los derechos sociales, de un “capitalismo de servicios sociales”, es la imagen patente de una dominación muy compleja y muy especializada en acumular capital y contener malestar.

-una aventura electoral sin luchas sociales concretas y radicales como bases y procesos rectores, está condenada a ser legitimante social del orden neoliberal, y no su verdugo-

 

VI

 

La izquierda, que observó este proceso de destrucción de los derechos sociales -o dicho en su perspectiva: de retroceso del poder popular respecto del poder elitario- aprendió, en medio de la desaparición del movimiento obrero y de la impotencia de los trabajadores por rebelarse en una realidad altamente compleja y constrictiva de la potencia de lucha, una máxima cuya certeza es muy esclarecedora: El gran problema estratégico del pueblo es cómo luchar contra el capitalismo, a la vez que se aseguran las condiciones materiales para seguir luchando, pues cada derrota del enemigo es un fortalecimiento popular y vice versa. Y no se trata sólo de haber perdido condiciones materiales que permitieron entonces la lucha (tener la nutrición suficiente o contar con el derecho a organizarse), sino que además la izquierda se ve rodeada de una maraña ideológica, hegemónica, que empuja todo esfuerzo popular y transformador a las formas y cauces del orden de la transición, precisamente para que se conviertan en factores de orden y no de crisis del sistema pinochetista actualmente en vigencia. La izquierda radical solía repetir “nuestros sueños no caben en sus urnas”; hoy mucho progresismo parece reconocer “todos nuestros sueños se parecen a una urna”.

VII

 

En esos términos, si la lucha por los derechos sociales ha significado en la práctica una forma de modificar, a favor de las clases populares, el equilibrio de poder, si la democracia inaugurada(3) en 1980 por el Presidente Pinochet fue diseñada para desactivar esa lucha y disolverla en la ritualidad electoral y en la opinión individual (como sucedáneos de participación real), y si el movimiento de estudiantes y profesores, desde por lo menos 2006 a la fecha, ha vuelto a situar en el centro de la política los derechos sociales, a contrapelo del consenso hegemónico del estado subsidiario, es posible plantear que una perspectiva de izquierda debería siempre subordinar toda táctica a una estrategia de modificación a su favor del equilibrio -híperdesigual- de poder entre las clases, entendiendo que una aventura electoral sin luchas sociales concretas y radicales como bases y procesos rectores, está condenada a ser legitimante social del orden neoliberal, y no su verdugo. Una lucha así es sólo una lucha de políticos, de burocracias parlamentarias cada vez más dependientes de los subsidios fiscales, y no una lucha política, masiva y democrática, para ganar la lucha de clases.

(1) http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/FAQ%20on%20ESCR-sp.pdf

(2) http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D21034%2526ISID%253D730,00.html#_ftn3

(3) http://www.redseca.cl/?p=5895

 
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