Comunidad y proceso constituyente

Vladimir Barraza. Militante Partido Socialista y miembro del movimiento Izquierda Socialista.

“There is no such thing as a society”
    Maggie Thatcher

 

“No hay tal cosa como una sociedad” sostenía Thatcher sin ambages en 1989 frente a Downing Street –lugar tradicional de residencia del premier Británico–. Era la época rampante de políticas de corte neoliberal y la implosión de los socialismos reales era ya inexorable. No existe sociedad sino una colección de individuos que se agrupan en torno a familias o grupos de interés. Se acercaba galopante el fin de la historia.

En las décadas subsiguientes este aparato ideológico devino hegemónico e impuso su trama de sentido en todas nuestras prácticas. Esto es, una representación del mundo que prescindía de la comunidad, en que la realización plena del individuo dependería solo de sus capacidades, se transformó en dominante: llegó a ser el sentido común.

Desde entonces e inaugurada la democracia, la Concertación imprimió aquel sello neoliberal en la mayoría de sus políticas públicas; en educación, salud y relaciones laborales. Circunscrita al modelo político y económico de la dictadura atado en la Constitución del ’80, lo administró intentando (con mayor o menor éxito) morigerar sus consecuencias más extremas… hasta el año 2011 en que un movimiento social amplio por una educación pública, gratuita y de calidad remeció el tablero y puso en duda aquel consenso.

La etapa participativa del Proceso Constituyente, con sus luces y sombras, iniciado durante esta administración, nos provee de una nueva oportunidad para sostener que en la sociedad existe una pretensión creciente de impugnación de aquel paradigma, análoga a la del 2011, y para demostrarlo examinaremos los resultados de los Encuentros Locales Autoconvocados y la Consulta Individual, sistematizados a nivel nacional*.

-la etapa participativa del Proceso Constituyente, con sus luces y sombras, iniciado durante esta administración, nos provee de una nueva oportunidad para sostener que en la sociedad existe una pretensión creciente de impugnación de aquel paradigma-

De los encuentros locales, en los que participaron poco más de 100.000 personas –de las cuales 54% fueron mujeres–, el Bien Común y la Comunidad aparecieron en el sexto lugar de los valores y principios que a juicio de sus participantes debían ser parte de una nueva Constitución; solidaridad en el decimotercer lugar. El Derecho a la Salud, Educación y Seguridad Social aparecieron en el primer, segundo y séptimo lugar respectivamente. Entre los deberes, la Protección al medio ambiente y los Derechos Fundamentes aparecieron en primer y segundo lugar respectivamente. De acuerdo al instructivo del gobierno, los 7 principios, derechos y deberes más mencionados debían ser sometidos a discusión en los encuentros provinciales.

De las consultas individuales, en las que participaron alrededor de 80.000 personas –42,9% de las cuales fueron mujeres–, el Bien Común y la Comunidad resultaron en el sexto lugar. El Derecho a la Salud, Educación y Seguridad Social aparecieron en el primer, segundo y octavo lugar respectivamente. Entre los deberes, la Protección, promoción y respeto de los Derechos Humanos fundamentales y la Conservación de la naturaleza aparecieron en primer y segundo lugar respectivamente.

Estos datos los interpreto en el sentido que existe en la sociedad un fuerte sentido  de lo colectivo, la idea que en el seno de una comunidad política la auto-realización es siempre recíproca, que nuestras vidas solo cobran sentido en el reconocimiento. Ahora bien, como el paso de esos primeros principios hacia la forma institucional que los haría posibles es el trabajo de la política profesional, de los intelectuales, era esperable que en el apartado de las instituciones de los Encuentros Locales y Consulta Individual no aparecieran sistemas de acceso universal a prestaciones en términos de derechos sociales. Este es un déficit de la política chilena, no de los participantes de los encuentros ni de quienes respondieron la consulta individual.

Un punto relacionado con el anterior se refiere a cómo se recogió la demanda por una Asamblea Constituyente. Si bien este es el mecanismo más participativo y que permite hacer posible con mayor probabilidad la promesa radical de igualdad entre todos los miembros de la comunidad, aquella no fue recogida sino en el lugar dieciocho y veintitrés de los encuentros y la consulta respectivamente. Como sostenía en el párrafo anterior, la identificación del mecanismo que hace una posible una idea es un trabajo de articulación política, pero quisiera agregar una explicación que apunta en la dirección del Consejo Ciudadano de Observadores. Estos objetaron en una de sus primeras intervenciones la emisión de publicidad del gobierno para difundir el Proceso Constituyente, dado que esta tenía un “sesgo político”, es decir prejuzgaba que el resultado del proceso sería una nueva Constitución y no una mera reforma de aquella, por ejemplo. Si bien el Consejo debía representar distintas afinidades políticas y sus miembros habrían de provenir de las distintas capas de la sociedad, su conformación concreta es dudosa ya que tiene una sobrerrepresentación de la derecha, especialmente entre los especialistas Constitucionales. Esto tuvo como resultado que el instructivo sobre el cual se discutió en los encuentros locales no hizo mención a la Asamblea Constituyente, ya que aquello hubiera significado que las cartas venían marcadas de antemano. No es de extrañar entonces que la discusión no se encausara en torno al mecanismo.

-si bien la etapa participativa no obligará a los futuros legisladores o constituyentes, desconocer sus resultados contribuiría al desprestigio de la política y sus instituciones, es decir, terminaría deslegitimando todo lo que pudiera venir a futuro-

 

 

Ahora quiero referirme a la objeción que podría esgrimirse en contra del ejercicio de extraer conclusiones de esta etapa del Proceso Constituyente ya que en los términos de la propia presidenta, esta no sería vinculante. En contra de esta crítica sostengo que se debe distinguir un plano jurídico del político. Mi conclusión es que el poder constituyente que se está acumulando por detrás de esta etapa en que la ciudadanía por primera vez en democracia está tematizando sus anhelos de vida en común,  no se puede medir ni subsumir bajo la categoría de lo jurídicamente vinculante. Por lo tanto, si bien la etapa participativa no obligará a los futuros legisladores o constituyentes, desconocer sus resultados contribuiría al desprestigio de la política y sus instituciones, es decir, terminaría deslegitimando todo lo que pudiera venir a futuro.

En fin, es difícil pensar en contra del sentido común en el cual habitamos. La ideología imperante produce una clausura epistémica que dificulta pensar desde fuera, es decir desde lo colectivo. Décadas de hegemonía neoliberal han vaciado el concepto de pueblo, bien común, comunidad y otros. Siguiendo a Laclau, se han vuelto significantes vacíos que hay que volver a dotar de sentido. La oportunidad es ahora, con la irrupción de un nuevo paradigma de lo público.

* http://sistematizacionconstitucional.cl/

 
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