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  • Octavio Abello Segura

De aranceles, gratuidad y derechos sociales


Por Octavio Abello, Presidente FEUCSC y Colaborador en Fundación Síntesis.

Estas últimas semanas, hemos sido testigos del alza excesiva de aranceles decretado, en primer orden, por las universidades privadas y, luego, por aquellas pertenecientes al CRUCH, quienes con dispar criterio (U. de La Serena 0% - UCSC Sobre el 7 % en las carreras de mayor matrícula) hacen frente, por una parte, a las lógicas mercantiles del autofinanciamiento y el marketing publicitario (voucher); y, por otra, al anuncio de “gratuidad” desde el ejecutivo. Lo cual omite a los afectados (estudiantes, familia) y desdeña el hecho de que las cifras siempre tienen rostro y sudor, sobretodo, en el caso de la UCSC, tratándose de estudiantes pertenecientes en un 77% a los tres primeros quintiles socioeconómicos, inmersos en una región con altos índices de vulnerabilidad e

integrantes de una universidad confesional.


La interpelación es clara: Al estado, a que subvierta su carácter subsidiario mediante el aumento de aportes basales, con decidido énfasis en las instituciones que le pertenecen; y a las universidades, a que efectúen las transformaciones de participación, transparencia e investigación, que las hagan merecedoras de la prebenda estatal, tensionando por una gratuidad de carácter universal y no como se insinúa desde el proyecto del ejecutivo, afirmación que no surge de la mera oposición, sino que se empoza en la demanda que la sociedad chilena en su conjunto ha requerido, vale decir, nada más, pero nada menos, que el Derecho Social a la Educación.


Así, no es admisible sujetar el “beneficio” a cierto rendimiento académico o extensión temporal, lo cual se esgrime bajo una retórica aparentemente de sentido común, propia del travestismo de las premisas neoliberales, pero que no hace más que confundir el verdadero sentido de los Derechos Sociales. Digo esto, porque tanto el mérito académico como la extensión de las carreras, se encuentran cautelados por los propios mecanismos internos de cada plantel (reglamentos de pre-grado) y, además, porque su consideración, como requisito habilitante del “derecho” a la gratuidad, obvia importantes temas como: La duración real de las carreras, las necesidades de alimento, traslado o vivienda y el desincentivo a la participación en organizaciones colectivas. En definitiva, se trata limitantes que despojan a la educación de su esencia como derecho social.


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